México ordena el arresto del exdirector de Pemex y logra la captura de un empresario por el ‘caso Odebrecht’

México estrecha el cerco sobre el caso Odebrecht. En un doble golpe, la Justicia mexicana ha ordenado el arresto de Emilio Lozoya —exdirector de Pemex y hombre de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto (PRI)— y del empresario siderúrgico Alonso Ancira, según han afirmado este martes fuentes de la judicatura sin la confirmación oficial de la Fiscalía General de la República. El empresario ha sido detenido en España, tras aterrizar en Palma de Mallorca en un vuelo privado, tal como ha reconocido a este diario la policía española. Las órdenes llegan tras la decisión de Hacienda de congelar de forma cautelar las cuentas de Lozoya y de Altos Hornos de México (AHMSA), la empresa siderúrgica presidida por Ancira que estaría detrás de sobornos millonarios pagados por Odebrecht a políticos mexicanos. Estas medidas suponen los primeros intentos serios de investigar la rama mexicana del mayor entramado de corrupción de la historia de América Latina.

La pieza clave del triángulo formado por AHMSA, Odebrecht y Pemex fue la compra en 2014 por parte de la petrolera estatal, entonces dirigida por Lozoya, de una empresa de fertilizantes propiedad de la acerera. El costo de la adquisición —unos 500 millones de dólares— provocó severas críticas de los especialistas, al tratarse de una planta que llevaba 14 años sin operar y cuyos equipos tenían una antigüedad de tres décadas. “Fue vendida a un sobreprecio que está catalogado como un tema de corrupción”, ha asegurado este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Ejecutivo mexicano, Santiago Nieto.

Un mes después de esta adquisición, AHMSA, cuyo consejo de administración preside Ancira, hizo una transferencia de casi cuatro millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una empresa offshore con sede en Edimburgo (Escocia) y que servía de instrumento para canalizar los sobornos de la constructora brasileña a la élite política latinoamericana, según confesaron en sede judicial tres altos ejecutivos de la firma.

Parte de estos sobornos millonarios fueron a parar a una segunda empresa pantalla y, de ahí, a las cuentas de Lozoya, director de la petrolera estatal durante los primeros cuatro años de Gobierno de Peña Nieto, según las confesiones de varios directivos de Odebrecht que el investigador Ignacio Rodríguez reveló en un reportaje publicado en Quinto Elemento Lab en abril de 2018. En diciembre de 2017, el exdirector en México de Odebrecht Luis Alberto de Meneses reconoció haber sobornado a Lozoya con 10 millones de dólares antes y después de que Peña Nieto llegara al poder.

Santiago Nieto ha confirmado este martes que la congelación de cuentas de Altos Hornos está relacionada con los supuestos pagos a Lozoya, cuyos fondos también fueron bloqueados junto con los de su hermana y su secretario particular en Pemex, según han reportado varios medios mexicanos. “Detectamos operaciones con recursos de procedencia posiblemente ilícita vinculados con actos de corrupción. Particularmente, transferencias de recursos financieros que AHMSA depositó en una empresa fantasma de Odebrecht y a partir de allí este dinero llegó hasta las cuentas del señor Lozoya”, ha dicho en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Lozoya, quien no ha sido condenado por sus supuestos vínculos con la trama, fue inhabilitado la semana pasada para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años por ocultar información en su declaración patrimonial, según hizo saber la Secretaría de la Función Pública en un comunicado. El ex alto cargo, que anteriormente había ocupado un puesto en el Consejo de Administración de OHL México, fue considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, para quien entró a trabajar como coordinador de asuntos internacionales de su campaña electoral.

Tanto Lozoya como AHMSA han rechazado las acusaciones de corrupción. El primero ha comunicado, a través de su abogado, su intención de impugnar la decisión de la Secretaría de inhabilitarlo y ha presentado un amparo contra la orden de arresto ante la Justicia. Mientras, la empresa siderúrgica ha tachado estas acciones de “ilegales y arbitrarias” y ha asegurado desconocer las razones detrás del arresto de su presidente en un comunicado publicado este martes. Frente a estas aseveraciones, Nieto ha citado la Ley de prevención de lavado de dinero que faculta a la unidad que él encabeza para emprender este tipo de acciones “cuando se detecta una operación con recursos de procedencia ilícita”.

Las órdenes de arresto a Lozoya y Ancira, así como la congelación de sus cuentas bancarias, suponen una escalada en la investigación de la pata mexicana del caso Odebrecht, que hasta ahora había dado pocos resultados visibles. En diciembre de 2017, todavía con Peña Nieto en el poder, la Secretaría de la Función Pública impuso una inhabilitación de cuatro años a la filial mexicana de la constructora brasileña por cobros indebidos. A este castigo le siguió una retahíla de inhabilitaciones; tres contra la constructora, dos contra representantes legales y otras dos contra funcionarios de Pemex.

Tras un sexenio lastrado por los escándalos de corrupción, el nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho del combate contra este mal una de las principales banderas. Más allá del caso Odebrecht, las autoridades han impuesto desde diciembre pasado casi 400 inhabilitaciones y 112 sanciones económicas por un importe superior a los 656 millones de pesos, unos 34 millones de dólares. Una muestra de los nuevos tiempos que, según advirtió la Secretaría de la Función Pública la semana pasada en un comunicado, “son solo el inicio de un conjunto de investigaciones”.

 

 

 

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