El grupo parlamentario de Morena impulsa una reforma para erradicar, de una vez por todas, las llamadas telefónicas no solicitadas con fines publicitarios, mercadotécnicos o de fraude.
Se trata de una iniciativa del coordinador de dicho grupo parlamentario, Ricardo Monreal, la cual prevé modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de comunicaciones con fines publicitarios y mercadotécnicos.
En la justificación del proyecto, se advierte que en México se registra un incremento “alarmante” en la recepción de llamadas no solicitadas con fines publicitarios, mercadotécnicos o de fraude.
“Se estima que reciben en promedio 24 llamadas clasificadas como spam al mes. Llamadas no deseadas que incluyen principalmente publicidad no solicitada, así como fraudes, llamadas automatizadas u otros intentos de contacto intrusivos”
Se explica que el 54% por ciento de las llamadas provenientes de números no registrados en la agenda de los usuarios corresponden a spam: “Esta situación no solo genera molestia y desconfianza generalizada, sino que erosiona la privacidad de los usuarios y aumenta el riesgo de fraudes y usos indebidos de datos personales”.
México ocupa el tercer lugar en el continente americano en volumen de llamadas de spam, solo detrás de Brasil y Chile.
Se advierte que a pesar de que los datos son protegidos por Profeco y Condusef, en nuestra nación persiste el problema de invasión a la privacidad telefónica, debido a deficiencias del marco jurídico vigente, particularmente en la prevalencia del consentimiento tácito como base para el tratamiento de datos personales con fines publicitarios.
“En una primera etapa, el uso del consentimiento tácito provoca que, al no manifestar oposición, la persona titular sea considerada automáticamente como receptora potencial de mensajes publicitarios, aun sin haberlos solicitado, lo que afecta su privacidad y control sobre sus datos personales”, se puntualiza.
Por lo anterior, la propuesta plantea garantizar que el envío de publicidad o de comunicaciones con fines publicitarios o mercadotécnicos por parte de empresas y entidades financieras “quede sujeto al consentimiento expreso, previo y verificable de los consumidores y usuarios”.
De igual forma establece que las instituciones deben prever mecanismos accesibles, gratuitos y eficaces para la revocación de dicho consentimiento, así como impedir que la adhesión o celebración de contratos se condicione a la aceptación para recibir publicidad.
“La iniciativa propone transitar del modelo vigente de consentimiento tácito hacia un modelo de consentimiento expreso”.
Con ello, se busca garantizar que las personas usuarias únicamente reciban publicidad o comunicaciones con fines mercadotécnicos o publicitarios cuando hayan otorgado su consentimiento específico, previo, libre, informado, expreso y verificable.
“Dicho consentimiento deberá ser independiente de la celebración de contratos, de la aceptación de términos o condiciones, así como del aviso de privacidad”, concluye.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.