En la conferencia de prensa de este jueves 11 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó uno de los temas más sensibles en la administración pública actual: el tope constitucional a las pensiones. La mandataria expuso la complejidad jurídica de armonizar los topes salariales establecidos en la Constitución con las pensiones existentes en diversas entidades, calificando la situación como una «contradicción».
La presidenta fue explícita al detallar el conflicto legal que enfrenta su administración al intentar regular las llamadas «pensiones doradas» de altos funcionarios: «Es que en una parte de la Constitución quedó la mitad del salario de la Presidenta, o del Presidente. Y hay otra parte, en otro artículo de la Constitución, que dice que el máximo que puede ser es el salario de la Presidenta o el Presidente. Entonces, hay una interpretación de que ahí hay una contradicción en dos artículos de la Constitución.»
Sheinbaum confirma el tope nuevo de «pensiones doradas» de Pemex y CFE, adiós a cantidades millonarias
Sheinbaum explicó que esta situación es lo que actualmente están valorando los consejos administrativos de diversas entidades del Estado, donde se han detectado pensiones que superan el límite permitido. La mandataria subrayó que, aunque el gobierno busca la austeridad, se debe proceder con cautela: «Es una interpretación jurídica y nosotros tenemos que respetar la ley, y eso se está valorando, se está viendo».
La tensión sobre este tema no es solo teórica; se hizo evidente el 10 de junio, cuando jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevaron a cabo diversas manifestaciones en la Ciudad de México y otros estados de la República. Los trabajadores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que sus ingresos fueran drásticamente reducidos bajo el argumento de la austeridad republicana.
Esa misma noche, la CFE respondió al descontento y a la incertidumbre emitiendo un comunicado oficial sobre la reforma al artículo 127 constitucional (fracción IV). La paraestatal informó que su Consejería Jurídica estableció un criterio interpretativo que permite fijar el importe equivalente a la remuneración mensual de la persona titular del Ejecutivo Federal como tope máximo para las pensiones del personal jubilado de confianza.
De acuerdo con la CFE, a partir de la segunda catorcena de junio de 2026, aquellas pensiones que excedan el límite serán ajustadas, mientras que aquellas que se mantengan por debajo del umbral continuarán inalteradas. Además, la empresa se comprometió a realizar el pago diferencial —correspondiente a los periodos donde se aplicó el ajuste previo— durante el mes de julio de 2026.
El impacto en Pemex y otras entidades
La presidenta confirmó durante la conferencia que esta valoración no es exclusiva de una sola empresa, sino que abarca tanto a Pemex como a la CFE y otras entidades estatales donde se presentaron situaciones similares de pensiones fuera de rango. Al ser cuestionada sobre el proceso, la mandataria reafirmó que el tope debe ser respetado: «Por encima del salario de la Presidenta, puede haberla [la pensión]. Eso sí está garantizado, pero es una interpretación jurídica».
El reto que enfrenta el gobierno de Sheinbaum es lograr una transición ordenada. Históricamente, estas entidades contaban con regímenes de jubilación que, en el caso de los trabajadores de confianza, permitieron acumular percepciones considerablemente superiores a las de otros funcionarios públicos. El ajuste propuesto, aunque respaldado por la política de austeridad, exige un equilibrio para no vulnerar el Estado de derecho ni los derechos adquiridos legítimamente, un punto que la Presidenta reiteró como prioridad.
Más allá de la controversia, el futuro de las pensiones en Pemex y CFE depende ahora de la resolución técnica sobre la aparente contradicción entre los artículos constitucionales mencionados. Como señaló la Presidenta, cada consejo administrativo de estas entidades deberá valorar la aplicación de los topes salariales bajo una interpretación jurídica que garantice el respeto estricto a la ley.
